Proteger derechos reproductivos en EEUU. El viernes, un apasionado presidente Biden se comprometió a defender los derechos reproductivos tras el derribo de Roe v. Wade por parte del Tribunal Supremo.
Este Tribunal ha dejado claro que no protegerá los derechos de las mujeres. Yo lo haré. Por eso hoy voy a firmar una Orden Ejecutiva para proteger el acceso a la atención sanitaria reproductiva.
Presidente de los Estados Unidos
De acuerdo con Fast Company, una orden ejecutiva tiene un poder limitado para deshacer las consecuencias de una sentencia del Tribunal Supremo, y no tendrá ningún efecto sobre la legalidad de los abortos en todo el país. Sin embargo, puede dirigir los recursos federales hacia los esfuerzos para ayudar a las consecuencias en los estados que prohíben el procedimiento.
Esto es algo de lo que contiene la orden
- Una solicitud formal de un informe, en un plazo de 30 días, del Secretario de Salud y Servicios Humanos, sobre las medidas adicionales que el departamento tomará para salvaguardar los derechos reproductivos. Según la Casa Blanca, éstas podrían incluir la ampliación del acceso a los dispositivos intrauterinos, o DIU, y la modificación de las directrices sobre las responsabilidades de los médicos, tal y como establece la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto. (El fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, ya ha dicho que los estados no pueden prohibir la mifepristona, un medicamento aprobado por la FDA para interrumpir los embarazos tempranos conocido como “píldora abortiva”).
- Un impulso a los esfuerzos de divulgación y educación pública sobre el acceso al aborto.
- Un llamamiento al Fiscal General y al Consejero de la Casa Blanca para que convoquen a abogados pro bono y a abogados voluntarios en preparación de las batallas legales que se avecinan y que implican a pacientes y proveedores que buscan u ofrecen legalmente abortos.
- Un llamamiento a la Comisión Federal de Comercio para que tome medidas que garanticen la privacidad del consumidor cuando busque información sobre la atención sanitaria reproductiva, y al Departamento de Salud y Servicios Humanos para que refuerce la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, o HIPAA, para mantener la privacidad de los datos sensibles sobre la atención sanitaria reproductiva.
- La protección de las clínicas móviles instaladas en las fronteras de los estados que prohíben el aborto.
A raíz de la sentencia de la Corte Suprema del mes pasado, muchos estados ya han promulgado restricciones y prohibiciones del aborto. Algunas grandes empresas han prometido cubrir los gastos médicos y de viaje de las empleadas que se vean obligadas a buscar atención sanitaria para el aborto fuera del estado, pero esta práctica plantea problemas de privacidad.


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